@eduardomackenz1

23 de mayo de 2019

El escándalo del falso reportaje del New York Times contra el Ejército de Colombia dejó mal parado al diario americano. Este pretendía enlodar a las Fuerzas Armadas y lo que hizo fue poner al descubierto a su ladino reportero Nicholas Casey, y hasta a una red política que patrocina tales desmanes con apoyo de George Soros. Y, además, permitió abrir un debate sobre el carácter del New York Times.

Veamos lo de Patrick J. Leahy. El odio de ese senador demócrata de 79 años por el Ejército de Colombia no es de ahora. No olvidamos que, en junio de 2002, él intentó, con su brazo derecho Tim Rieser, hacer que fracasara el Plan Colombia. El presidente saliente, Andrés Pastrana, había pedido al presidente George Bush que reanudara la ayuda militar a Colombia tras el fracaso de las “conversaciones de paz” en el Caguán. En ese momento, las FARC estaban en plena ofensiva, secuestrando y cometiendo todo tipo de atrocidades en varios departamentos. El presidente electo Álvaro Uribe se reunió con funcionarios del gobierno Bush y con líderes del Congreso. Finalmente, la maniobra de Leahy fracasó y el material militar cedido por los Estados Unidos, sobre todo aéreo, le permitió al Ejército y a la Policía de Colombia quebrar ulteriormente la ofensiva narco-terrorista.

La semana pasada, ese mismo senador volvió a hacer de las suyas. Su objetivo fue, de nuevo, el Ejército de Colombia. Respaldó las difamaciones de Nicholas Casey y cuando éste fue emplazado por la senadora María Fernanda Cabal, quien mostró las fotos de 2016 donde se ve a Casey recorriendo una llanura en una moto y con gente armada de las FARC (lo que dice mucho sobre su falsa independencia), Leahy, iracundo, la emprendió contra ella. Leahy le ordenó al gobierno de Iván Duque que le exigiera a la senadora Cabal “pruebas” de lo que decía sobre el aventurero Casey, invirtiendo la carga de la prueba. Con esa pirueta Casey pretendía exonerar al reportero de presentar la evidencia que le pedían en Colombia. Pero no lo logró. El ministro de Defensa de Colombia acusa a Casey de seleccionar los hechos que le interesan, dramatizar y/o ocultar otros y decir mentiras. En lugar de explicarse, Casey aprovechó su huida de Bogotá para difamar de nuevo al Ejército: dijo que él estaba en peligro. Muchos colombianos le siguen pidiendo a Casey que diga qué pruebas tuvo para escribir que el Ejército ordena cometer asesinatos.

No menos grave es que Patrick Leahy se haya creído con el derecho de darle órdenes al jefe de Estado colombiano y de intimidar a la senadora Cabal. La actitud delirante de Leahy desacreditó ante los ojos de los colombianos al Partido Demócrata, quien hasta hace unos años respetaba las formas diplomáticas con los dirigentes de sus países amigos.

Patrick Leahy milita en la fracción más izquierdista del Partido Demócrata. Durante la pasada campaña electoral apoyó a Bernie Sanders, un parlamentario de 78 años que se identifica como «socialista» y a quien la BBC llama “el socialista que quiere ser presidente de EE.UU.” Durante la dictadura de Hugo Chávez, Sanders ayudó, en 2005 y 2006, a Citgo, una compañía petrolera venezolana, a obtener un permiso para vender sus productos en Estados Unidos. En 2013, David Sirota, ex vocero de Sanders, elogió el “milagro económico de Chávez”.

Esos son los individuos que pretenden tumbar el ministro de Defensa y el Comandante del Ejército de Colombia, con ayuda de Vivanco y de Soros, y que creen poder darle la orden al presidente Iván Duque de que persiga a María Fernanda Cabal, senadora del partido de gobierno (1).

Al defender a Casey y decir, por Twitter, que ese matutino “informa de manera precisa e imparcial”, y que “no toma parte en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo”, el New York Times hizo reír a muchos. Durante décadas, el NYT fue un diario de referencia, muy leído y respetado. Ya no lo es. Es un diario cada vez más amargo, de izquierda, con plumíferos y con resentimientos y obsesiones de izquierda. Su falta ética de la semana pasada, y su incapacidad para reconocer la falta, reflejan la arrogancia de un diario que lanza la piedra y esconde la mano.

El New York Times es criticado en Estados Unidos y no solo por las mentiras que dice sobre el gobierno de Donald Trump. En enero pasado, ese diario escandalizó a millones de lectores por un artículo que elogia la dictadura cubana (2) y el papel que juega Castro en la realidad política de Venezuela y Nicaragua.

El NYT es acusado de ayudar a las campañas palestinas contra Israel, de darle alas a la violencia de Hamás. En Francia recuerdan que las caricaturas de Charlie Hebdo, semanario masacrado el 7 de enero de 2015 por terroristas islámicos, fueron censuradas por el NYT dizque por «respeto a la fe musulmana”, antes de publicar imágenes anticristianas como un retrato del papa Benedicto XVI compuesto con condones de colores.

Aunque su editor y algunos de sus columnistas son judíos, ese diario comete actos de gran bajeza. En abril pasado, publicó una caricatura claramente antisemita. En ésta aparece el primer ministro Benjamín Netanyahu en forma de perro. Este, con un collar decorado con una Estrella de David, arrastra a un ciego, el presidente Donald Trump. Una publicación israelita, Hatzad Hasheni, comentó: “Esa caricatura recuerda los mensajes y caricaturas publicados en la Alemania nazi que mostraban a los judíos controlando a Estados Unidos y al resto de las potencias aliadas, dictando sus políticas y obligando al mundo a la guerra”.

Gracias al escándalo desatado por reportaje no corroborado de Casey, los colombianos supieron que en el NYT hay dinero de George Soros y que la organización de éste, Open Society Foundations estimula la producción de artículos de alcantarilla que sirven a sus intereses. Lo de hoy contra el Ejército prueba que la OSF está tratando de socavar la ayuda militar que los Estados Unidos le prestan a Colombia. Utilizan para ello la llamada Ley Leahy creada en 1997 para bloquear el suministro de equipos y entrenamiento militar a un país extranjero con el pretexto de que su fuerza pública comete «graves violaciones de derechos humanos».

Lo hecho por Nicholas Casey en estos días es un primer paso para alcanzar un objetivo: dejar a Colombia sin respaldo de la Casa Blanca y del Pentágono para que la narco-subversión, y las Farc y el Eln, en particular, puedan ejecutar los pactos Santos-Timochenko y doblegar al Estado y a la sociedad a corto plazo. Y para que Colombia quede sin defensa frente a las amenazas venezolana y nicaragüenses. Días antes, Vivanco, otro valioso agente de Soros, había desatado una ofensiva contra Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA. Vivanco también intervino en el operativo mediático contra el Ejército de Colombia, pues todo ese circo hace parte de un mismo paquete desestabilizador.

Lo que es inadmisible es la actitud de un grupo que dice defender la libertad de la prensa en Colombia. La Flip aceptó, en efecto, la versión del NYT y en lugar de denunciar el periodismo perrata de Casey tragó entero lo que éste dijo.

Los colombianos deberíamos ser más críticos y exigentes ante las campañas que llegan envueltas en las mejores intenciones. En lugar de salir a ayudar al primer bufón que pretende darnos lecciones de modernidad hay que ser más cautos.

(1).- Ver la respuesta de la senadora María Fernanda Cabal al senador Patrick Leahy :

Carta abierta al senador demócrata Patrick Leahy @SenatorLeahy.

«Hoy, más que nunca, a pesar de las presiones y acusaciones de las cuales soy objeto, reitero mi compromiso con los héroes de Colombia». pic.twitter.com/QzGOk75BcL— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 22, 2019

(2).- Ver: https://www.nytimes.com/es/2019/01/06/revolucion-cubana-jon-lee-anderson/ y https://www.cibercuba.com/noticias/2019-01-11-u157374-e157374-s27061-fuertes-criticas-new-york-times-articulo-opinion-elogia

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La traición de los socialistas al pueblo venezolano opera en dos fases. Primero hacen un diagnóstico más o menos correcto de lo que ocurre en Venezuela. Conversan cerca de los crímenes sin nombre de Maduro y de la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano de derribar a ese bárbaro. Enseguida, cuando llega el momento de evocar los medios para abatir esa dictadura, los socialistas muestran el cobre. Proponen diálogos, reuniones, mediaciones. Su solución es pedirle al dictador que se vaya. El dictamen va por un lado y la solución va por otro. Estiman que un cáncer se debe tratar con aspirinas. Ese divorcio entre el diagnóstico y el remedio exhibe al socialista, aunque éste se oculte bajo otros ropajes.

Así es como los socialistas ocultan su complicidad con el narco-socialismo. Si se los presiona un poco son capaces de imprecar contra el dictador pero enseguida devienen intransigentes ante toda política que pueda acabar con ese régimen. La obsesión de ellos es estabilizar la dictadura, no derrumbarla, pues ellos sacan ventajas, dinero, contratos, privilegios, de ese régimen calamitoso. Eso ocurre con los socialistas “moderados” y con los más fanáticos.

Veamos un ejemplo. Oigamos lo que dice un jefe del socialismo moderado europeo. En una entrevista del 4 de febrero de 2019, antes de la acción de ayuda humanitaria del 23 de febrero, Felipe González analizaba así la situación: “Nicolás Maduro ha conseguido, sin guerra de por medio y en un plazo de tiempo increíble, convertir Venezuela en un estado fallido. Un estado fallido donde las instituciones no representan nada, donde la tiranía es arbitraria y hace lo que le da la gana con la propia Constitución venezolana. Ha destruido la economía y el aparato productivo, ha provocado un éxodo bíblico y ha sumido al 90% de la población en la pobreza y al 67% en la pobreza extrema. Cada día que sobreviva Maduro en esa situación habrá miles de venezolanos huyendo de él.”

Diagnóstico acertado. Sin embargo, vean lo que dice cuando llega el momento de definir la línea para derrocar a Maduro: “No hace falta ni siquiera un golpe de estado en Venezuela, solo con que le retiren las bayonetas que es sobre lo que se sujeta Maduro para que no siga castigando a su pueblo. Con eso se va, no hace falta más: ¡si es que no tiene a nadie más! Por eso lo de la intervención y estas cosas tan burdas de la injerencia. Ellos la proclaman y los rusos la aprovechan.” (1).

¿Oyeron la música? Basta decirle que se vaya. Nadie entiende eso de las bayonetas. Los militares retiran las bayonetas que sostienen a Maduro sin un golpe de Estado. Felipe González parece tener la frase mágica para producir ese prodigio.

Veamos ahora lo que dice otro gurú socialista, extremista, bastante peor que el anterior, pues es de los que militó en una banda terrorista: Gustavo Petro. El 25 de febrero, dos días después de la matanza ordenada por Maduro para frenar la entrada de la ayuda humanitaria por Colombia y Brasil, el sulfuroso senador colombiano decía que es el momento de “constituir un grupo de personas de alta credibilidad en América Latina que pueda mediar la crisis hacia una solución digna para todas las partes y que garantice la paz de la región”.

“Mediar la crisis” es una frase rara. ¿Utilizó la palabra “mediar” para no decir “manipular”? Creo que ese es el sentido de su frase. Mediar la crisis es engañar a todos los actores que intervienen, sobre todo a las víctimas de Maduro. “Solución digna” es atornillar a Maduro en el palacio de Miraflores.

Sobre la posibilidad de una intervención militar internacional con participación de Estados Unidos para terminar con la hambruna y la represión, y restablecer el orden y la paz en Venezuela, los socialistas son histéricamente contra.

Son los mismos que no dijeron nada contra las invasiones y matanzas que hacían las tropas del Pacto de Varsovia contra los pueblos de Europa del Este y contra lo que hizo la soldadesca cubana en África y en América latina mediante sus peones guerrilleros.

Cuando le preguntaron sobre la política de Donald Trump sobre Venezuela, Felipe González no se contuvo. Explotó, insultó al presidente norteamericano y remató con esta frase: “nadie aceptará una intervención militar de EEUU en Venezuela”. ¿Nadie? ¿No la están pidiendo los mismos venezolanos? Y agregó: “Con Obama no estaríamos tan preocupados porque tendría respeto institucional”. Felipe González pide “respeto institucional” para la dictadura de Maduro. Para el jefe socialista español Maduro es intocable. Por la boca muere el pez.

Gustavo Petro también está contra una intervención de Washington. Teme que Donald Trump tenga éxito y eso ayude no solo al pueblo venezolano y a Colombia sino a la reelección del presidente americano. Petro sigue la línea de Felipe González, quien no es menos cerrado al respecto. Petro no olvida que la historia puede repetirse y que el presidente George H. W. Bush acabó, en un mes y medio, el violento narco-gobierno de Manuel Noriega en Panamá que le había declarado la guerra a Estados Unidos en diciembre de 1989.

La exaltación de Petro ante la crisis de su admirado Maduro llega a extremos tales que el hombre no vacila en colocarse en el bando de la dictadura para desde allí acusar a Colombia y a Estados Unidos de “apostarle al esfuerzo desestabilizador violento”. ¿No es Maduro el desestabilizador violento? ¿No es Maduro, siguiendo la línea de Chávez, quien asesina a su pueblo?

Es más: Petro insinúa que Iván Duque y Donald Trump lanzarán contra Maduro “las bandas del narcotráfico en la frontera” disfrazadas de “ayuda humanitaria” y las dotarán de “armamento pesado”, siguiendo “la estrategia preferida de Elliot Abrams”. Como el delirio anti-Colombia da para todo, Petro vocifera que el presidente Duque ha “agredido” a Venezuela al dirigir la operación humanitaria del 23 de febrero. Según el agitador “progresista” esa “agresión” convierte a Colombia “en un protectorado de los EEUU” que debería ser atacado por Rusia y China pues esas dos potencias, según Petro, han convertido a Venezuela en protectorado de ellas.

Las gesticulaciones de Petro y de Felipe González prueban que ellos están con el dictador Maduro, a pesar de su demagogia sobre la necesidad de negociar su salida. Los comunistas también quieren salvar a Maduro. El PC francés pide “preparar bajo los auspicios de las Naciones Unidas el escenario para un diálogo nacional y un retorno a la paz” en Venezuela. En su reciente declaración no pronuncian siquiera el nombre de Maduro. Dicen que reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado es “irresponsable”. Gritan que “el apoyo de Emmanuel Macron a este intento de golpe de Estado es indignante”.

Los socialistas y las sectas comunistas saben que la tragedia descomunal de Venezuela es causada por el socialismo pero no quieren verla.

Se niegan a ayudar a restaurar la democracia y el capitalismo y a superar la crisis humanitaria. Están dispuestos a movilizarse contra una intervención internacional que ponga fin al bastión narco-marxista. Su furor irracional contra Estados Unidos (y no solo contra Donald Trump) los transforma en energúmenos. El odio de ellos es absoluto. Es lo único que les queda como ideología. Están dispuestos a apoyar la peor dictadura con tal de que ésta no sea derrumbada por la fuerza moral, diplomática, económica y militar de los Estados Unidos y de sus aliados. Si los socialistas de hoy hubieran vivido en los años 1940 se habrían opuesto a la política de Winston Churchill respecto del Tercer Reich. Habrían denunciado el desembarco en Normandía, pues lo que era conducente, según ellos, era dialogar con Hitler. Lo que hacen hoy sobre Venezuela es de ese alcance.

(1) https://www.ecfr.eu/madrid/post/como_devolver_la_democracia_a_venezuela

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Por Eduardo Mackenzie (@eduardomackenz1)

Horror absoluto. La explosión ayer de una camioneta que irrumpió violentamente en la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, de Bogotá, causó la muerte de 21 personas. Las autoridades hablaron inicialmente de nueve muertos. En pocas horas esa horripilante cifra subió más del doble. Los heridos son 68, según un informe médico provisional. Horror absoluto.

Colombia no había recibido un golpe terrorista de esas proporciones desde el 7 de febrero de 2003 cuando las FARC hicieron estallar en Bogotá un carro bomba en el Club El Nogal que mató a 36 personas y dejó heridas a 158 más.

El atentado de ayer indica que Colombia retrocedió muy rápidamente en materia de seguridad nacional y que el “proceso de paz” del ex presidente Juan Manuel Santos fue una gran impostura.

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dio ayer mismo el nombre del chofer que condujo el vehículo antes de morir en la explosión. José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años, aparentemente no tenía antecedentes criminales. Fuera de eso nada substancial se sabe. El Fiscal no dijo si Rojas hizo parte de un movimiento terrorista. No indicó si Rojas se suicidó o si la bomba fue activada a distancia por una tercera persona. No ha dicho si las características de la bomba abrió una pista para los investigadores.

Al momento de escribir esta nota, son pocos los elementos confirmados por la policía. Esta deduce que la camioneta venía de Arauca, pues sus revisiones técnicas recientes habían sido efectuadas en ese departamento fronterizo con Venezuela. Afirman que el vehículo contenía 80 kilos de pentolita de tipo militar, que los vigilantes de la Escuela de Policía, gracias a un perro antiexplosivos, descubrieron que la camioneta debía ser examinada, pero que el conductor, al verse descubierto, los embistió y que los que trataron de detenerlo murieron cuando estalló la bomba, luego de que el auto virara bruscamente a la izquierda y se estrellara contra uno de los dormitorios de los cadetes. Una ceremonia oficial iba a ser realizada horas más tarde en esa Escuela.

#NoAlTerrorismo | Así fue el trayecto de José Aldemar Rojas Rodríguez en la camioneta que explotó dentro de las instalaciones de la Escuela General Santander en Bogotá >>> https://t.co/BXPS3y0hKi pic.twitter.com/uzZwcoeLNn

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 18, 2019

No se sabe de dónde salieron los explosivos. Tampoco si la camioneta pudo recorrer más de 500 kilómetros con o sin esa carga letal sin que las fuerzas de seguridad hayan podido interceptarla. Las autoridades no han dicho si la camioneta en cuestión entró alguna vez a Venezuela.

Ante la falta de datos confirmados, los rumores crecen. Unos creen saber que Aldemar Rojas militó en las FARC, en el grupo de alias Grannobles, jefe del sector que asoló el sector de Arauca. Otros dicen que Rojas podría ser alias “Mocho Kiko”, un miembro del ELN que había perdido la mano derecha en una explosión.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo saber, después del atentado, que ella había lanzado una nota de alerta el 13 de diciembre pasado. Según ésta, seis grupos armados ilegales estaban aglutinándose para cometer atentados con explosivos en barrios periféricos de Bogotá. Un noticiero radial recordó, luego del atentado, que un documento de 50 páginas de la citada oficina asegura que el ELN está organizando un “frente de guerra urbano” y que en ese proyecto estarían involucrados “desmovilizados de las AUC y de las FARC”. ¿Tal advertencia cayó en oídos sordos o propició investigaciones que no llegaron a nada?

Una cosa es cierta: el atentado del 17 de enero revela que existen deficiencias graves en los dispositivos de seguridad de Colombia. Los terroristas probaron que pueden dar golpes extremos en la capital del país.

Ese sangriento atentado cierra el primer periodo del gobierno de Iván Duque. Su cándida línea de “superar el clima de polarización” que creó el gobierno Santos con la firma de los “acuerdos de paz” con las FARC, y su idea de “conseguir la equidad” a todo precio, llevó a Duque a subvalorar el tema de la seguridad. El resultado está a la vista. Su invitación a “evitar la polarización” suena hueca. El país ve que el tema más crucial para la población, la seguridad, fue dejado en segundo plano.

La caída de popularidad de Iván Duque antes de cumplir sus primeros 100 días de gobierno fue una advertencia de que ese enfoque era errado. Privilegiar los impuestos y dejar de lado la política de seguridad democrática creó desconcierto en la sociedad y en el mismo partido que lo llevó a la presidencia, el Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe. Y el terrorismo se deslizó por esa brecha.

Recorrido del carro bomba en Bogota pic.twitter.com/GBEchGGhlP

— Felix H.Bustos C (@FelixHBustos) January 18, 2019

Otros factores podrían ser tenidos en cuenta al examinar lo que acaba de ocurrir.

1.- La muy lenta transición de la cúspide de las Fuerzas Armadas dejada por Juan Manuel Santos a una cúspide militar renovada por el gobierno de Iván Duque.

2.- Duque prometió “corregir” los acuerdos de Santos con las FARC pero no ha hecho nada en ese sentido.

3.- La aún más lenta reorganización de los servicios de inteligencia civil y militar, y de contrainteligencia, ambos dejados en estado agónico por el gobierno de JM Santos.

4.- La impericia ante la existencia de redes de inteligencia, influencia y tráfico de dinero sucio por cuenta de redes cubanas y venezolanas, como dejó ver la expulsión sin más de un espía venezolano, Carlos Manuel Pino García, el 19 de diciembre pasado.

5.- Los altibajos en el combate militar y judicial contra las organizaciones narco-terroristas más activas: el ELN –cuyo bastión se encuentra precisamente en Arauca aunque sus jefes de esconden en territorio venezolano–, como también las llamadas “disidencias de las FARC”, el EPL, y las Bacrim.

6.- La inexistente acción contra los jefes de las FARC que regresaron a la clandestinidad luego de haber jugado un papel en las discusiones Santos-FARC en La Habana y que ahora están ocultos, sin que los servicios colombianos los haya capturado. Entre ellos figura Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias “El Paisa”, el organizador del atentado contra el Club El Nogal. El otro es Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien cinco días antes del atentado en la Escuela General Santander envió un mensaje en el que gesticuló: “la paz fue traicionada por el Estado colombiano”; las Farc “se equivocaron al entregar las armas” y las FARC van “a dar la pelea para tratar de recomponer las cosas”. ¿La matanza del 17 de enero es el primer paso de esa nueva estrategia?

7.- El inmovilismo del gobierno ante el rumbo escandaloso que toma la JEP, un pseudo organismo de “justicia reparativa” que fue diseñado para garantizar la impunidad a los jefes y demás criminales de guerra y de lesa humanidad de las FARC.

8.- El lánguido proceso de reconstrucción de las relaciones diplomáticas y militares de Colombia con Estados Unidos. El gobierno de Santos instaló el malestar entre Bogotá y Washington por su orientación pro Chávez-Maduro y, sobre todo, por el gran aumento de los cultivos ilícitos en Colombia desde 2013.

9.- El gobierno de Iván Duque no ha logrado instaurar un clima verdaderamente favorable con Washington. Su corto encuentro en Cartagena con el secretario de Estado Mike Pompeo no superó la temática habitual de “la crisis de Venezuela y la lucha contra las drogas”, temática idéntica a la tenida por Duque durante su contacto con Donald Trump en Nueva York, en octubre   pasado.

10.- Mientras tanto, Colombia está cada vez más amenazada   por el dictador venezolano Nicolás Maduro sin que Bogotá haya hecho nada para trabajar con Washington en un tratado de defensa mutua que permita neutralizar los desequilibrios bélicos que hay entre Colombia y Venezuela, sobre todo desde el momento en que Maduro hace ostentación de su amistad con la Rusia de Putin, quien   envió a Venezuela, por segunda, aviones de guerra capaces de lanzar armas nucleares.

11.- Bogotá descuida también las relaciones con el nuevo gobierno de Brasil. El presidente Duque se abstuvo de asistir a la ceremonia de posesión de Jair Bolsonaro quien parece tener la posición más firme del hemisferio contra la tiranía de Maduro. Brasil es la octava o novena economía del mundo.

¿Quién podría apartarse del clamor actual que pide que el sacrificio hecho por las 89 víctimas del atentado de ayer no termine siendo inútil? El gobierno debe tomar conciencia de la gravedad de lo ocurrido y obrar con determinación y sin perder tiempo. Cuatro años son muy poco tiempo frente a la cantidad de desafíos. Destruir la estructura que realizó en atentado de ayer y restaurar la seguridad del país debería ser su prioridad. Sin ello no hay posibilidad alguna de alcanzar la paz, la equidad y la prosperidad que Duque prometió antes de llegar a la Casa de Nariño.

Por Eduardo Mackenzie (@eduardomackenz1)

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Gracias a los “gilets jaunes” el mundo sabe ahora que en Francia la precariedad y hasta la miseria social han llegado a estadios insoportables. Cercados por los bajos salarios, las pensiones de jubilación exiguas, el desempleo, el aislamiento geográfico y, sobretodo, por el aumento de impuestos que carcomen esos modestos ingresos, millones de franceses optaron por lanzarse a la calle o solidarizarse con las protestas espontáneas, masivas, descentralizadas, y hasta violentas, de los que algunos sociólogos llamaban los “invisibles”.

Invisibles pues el poder central, prisionero de esquemas ultra monetarios y mundialistas, no los vé, no los oye, ni los entiende. Las modestas reivindicaciones de los chalecos amarillos – abolición del nuevo impuesto a los carburantes, justicia fiscal, más democracia y una sociedad viable– son inaudibles para los tecnócratas de Bercy. En lugar de tratar de descifrar ese fenómeno, el presidente Emmanuel Macron los insultó con su silencio y su distancia. Desde que los chalecos amarillos aparecieron en las carreteras y rond points de provincia e irrumpieron en las grandes ciudades, Macron y sus ministros los calificaron de ‘iletrados”, “holgazanes”, “vejestorios” y, más recientemente, de “peste nazi” y “vándalos”.

Solo después de la orgía de violencia del 1 de diciembre, durante la cual muchos entonaron “Macron démission” (¡Macron afuera!), el jefe de Estado aceptó la anulación del pago del impuesto a los combustibles “por el año 2019”. Ello no convenció ni aplacó la cólera de los gilets jaunes.

La agravación de la pobreza que disparó ese movimiento no ocurre en un país en derrumbe. A pesar de sus dificultades frente a la globalización y a los inmovilismos de la integración europea, Francia sigue siendo un país económicamente boyante, con recursos humanos, científicos y financieros enormes.

El problema es el apetito insaciable del Estado (la tasa impositiva más elevada de Europa), que devora buena parte de la riqueza nacional, sin devolverla en servicios públicos eficientes, y que se hunde desde hace 30 años, pero sobre todo desde 2012, en un sistema fiscal cada vez más delirante e injusto, sin que la sociedad tenga posibilidad de corregir ese desvío por las vías normales: los cuerpos intermediarios (parlamento, partidos, sindicatos) fueron echados a un lado por Macron. Así, el famoso modelo francés, que había limitado los brotes de furia social, está a punto de quebrarse. Y los remedios habituales han desaparecido en el horizonte. Los partidos políticos y sus líderes perdieron su carisma y la tasa de sindicalización de Francia es una de las más bajas de Europa.

En ese contexto ocurrió el “cuarto acto” de los “chalecos amarillos”. Las manifestaciones del pasado 8 de diciembre comenzaron pacíficamente. Pero desembocaron, de nuevo, en desmanes y destrucciones, en París y otras ciudades (Burdeos, Marsella, Saint-Etienne). Fue un nuevo fracaso tanto del ministro del Interior, Christophe Castaner, como de los chalecos amarillos. Estos últimos, incapaces de organizar su propio servicio de orden, sufrieron otra vez la infiltración de extremistas de diversos pelambres y saqueadores oportunistas. Ello sirvió al macronismo para diabolizar los objetivos de la legítima onda reivindicativa.}

El nuevo dispositivo policial –más móvil y ofensivo—redujo considerablemente los excesos del “tercer acto”, pero los incidentes estallaron en más puntos de Paris que la semana pasada.

Desde noviembre, el gobierno había utilizado la línea de la intimidación. Esta vez esa orientación adquirió un todo desenfrenado. Sin atreverse a prohibir las manifestaciones del 8 de diciembre, Castaner afirmó que los chalecos amarillos irían a París “a destruir y matar”. Advirtió que, en consecuencia, en París habría 8 000 antimotines (6 500 la semana pasada) y 89 000 en el resto del país (contra 65 000 hace una semana) y que sacaría la caballería y hasta los viejos carros blindados de 14 toneladas de la gendarmería para “mantener el orden”. Los Gilets Jaunes, sin embargo, anunciaron que vendrían a manifestar pacíficamente si no eran atacados, como ha ocurrido en algunas de sus manifestaciones en otras ciudades. Y, en efecto, reaparecieron y ocuparon de nuevo los Campos Elíseos.

Al final del día, el número de personas detenidas se había cuadriplicado: hubo cerca de 2 000 detenciones (1 082 en Paris) contra 412 detenciones el 1 de diciembre. De ellos fueron inculpados “más de 900 adultos y cerca de 100 menores”, según el procurador Rémy Heitz. Ello permite deducir que la casi mayoría de esas personas fueron capturadas no por cometer desmanes sino por estar ahí, en la protesta, lo que explica el desfase entre arrestos e inculpaciones.

El número de heridos bajó: 118 según cifras oficiales (71 en Paris), contra 133 heridos en Francia el 1 de diciembre, y 24 heridos el 24 de noviembre.

Al día siguiente, los medios analizaron lo que había pasado. Lamentaron el número de ataques a las tiendas de la “avenida más bella del mundo” y dejaron de lado completamente el factor humano: nadie parece tener en cuenta que los tres sábados de protestas arrojan un saldo de 275 heridos. ¿Dónde están? ¿Quién los hirió? ¿Qué tipo de heridas sufrieron? ¿De ellos cuantos están detenidos? Sobre eso la prensa no dice una palabra.

Pocos mencionan el hecho de que el 1 de diciembre, en Marsella, una señora de 80 años murió al recibir en la cara una esquirla de granada lacrimógena cuando cerraba los postigos de su casa. La prensa registró escasamente el hecho de que la policía, entre las más de 10 000 granadas lacrimógenas que utilizó el 1 de diciembre, lanzó 339 granadas explosivas GLI-F4 las cuales contienen una carga explosiva de 25 gramos de tolita (TNT). Esa arma, que puede arrancar una mano o causar quemaduras graves, es prohibida en otros países para las operaciones de mantenimiento del orden.

Tampoco examinan qué errores pudieron cometer las fuerzas del orden el 8 de diciembre. No hubo, por ejemplo, la detención previa de los 300 Black Blocs e Identitarios que la policía conoce. Solo detuvieron a algunos la víspera. La protesta en París se tensionó hacia el mediodía y no solo por culpa de los gilets jaunes. Durante las tres primeras horas, éstos aceptaron estar encerrados en los Campos Elíseos: los uniformados bloqueaban los accesos. Cuando el dispositivo comenzó a comprimir la multitud, utilizando los carros lanza agua y los blindados, a manera de pistón, con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, la tensión aumentó. Algunos Black Blocs y una fracción de chalecos amarillos lanzaron piedras contra los uniformados, degradaron algunas vitrinas, prendieron pequeñas hogueras. Y abrieron brechas por donde una parte de la gente escapó. Los incidentes se extendieron a varios puntos de la capital. Castaner había dicho horas antes que los gilets jaunes no eran más de 10 mil y que ellos “no representan a Francia”. Todo eso no hizo sino aumentar la cólera de la gente.

El criminólogo Xavier Raufer criticó el desempeño de Castaner y estimó que el balance de la jornada del 8 de diciembre “fue del mismo nivel que las manifestaciones anteriores”. Él se pregunta si de parte del poder hubo “una voluntad deliberada y cínica de ir hacia lo peor”.

Bruno Le Maire, ministro de Economía y Finanzas, estimó, por su parte, que las protestas tendrán un impacto negativo sobre el crecimiento y que las pérdidas ya ascienden a dos millardos de euros. El turismo ha caído en un 20%, según cifras más o menos unánimes de la prensa. Le Maire invitó a gravar multinacionales como Google y descartó la reimplantación del impuesto a las grandes fortunas que piden los manifestantes. Otro ministro descartó un alza en el salario mínimo legal.

En todo caso, Macron no sacará a Francia de esta ola de tumultos con reparaciones mínimas. Buena parte de los observadores coinciden en un punto: él debe dejar de crispar la situación con su silencio y avanzar hacia reformas sociales, políticas y electorales durables. No hay otra vía para que él pueda recuperar su legitimidad perdida. El momento es histórico y la odiosa espiral fiscal debe ser parada.

Después de consultar en el Eliseo durante la mañana con diputados, alcaldes y las organizaciones sindicales y patronales, el presidente hablará a las 8 de la noche para presentar, dice un vocero oficial, “medidas concretas e inmediatas”. ¿Logrará Macron apagar el incendio?

Por Eduardo Mackenzie (@eduardomackenz1)

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Observo que El Espectador le da exagerada importancia a una carta firmada por siete “académicas internacionales” que están molestas con la nominación de Vicente Torrijos para la dirección del Centro de Memoria Histórica.

Parece que las siete señoras –que lo único que tienen de “internacional” es que dictaron clases alguna vez en una universidad extranjera–, le han enviado un mensaje furibundo al presidente Iván Duque. Lo invitan a que renuncie a firmar ese nombramiento.

En un tono increíble, como si fueran las dueñas del citado organismo, decretan que el señor Torrijos “no es un candidato idóneo para dirigir el Centro”. Le reprochan haber sido “asesor del Ejército colombiano”. Estiman que un ensayo que Torrijos envió a la Comisión Histórica del Conflicto “no mantiene los criterios de rigurosidad de un trabajo académico serio”. Agregan que “su visión del conflicto armado es sesgada y poco rigurosa”.

Como se ve, la carta avecina más con el insulto que con la argumentación. Es insoportable que siete profesoras hagan tanto ruido para impedir que otro profesor universitario ocupe un cargo por el hecho de que él no piensa como ellas. ¿Y por qué siete profesoras contra un profesor? ¿Una ofensiva más del feminismo más obtuso?

Las doctoras deberían demostrar que tienen la autoridad “académica” suficiente para atreverse a tanto, para descalificar a otro universitario. ¿Dónde está la obra capital, científica, “rigurosa”, y metodológicamente irreprochable, que las habría puesto en la cúspide desde donde vociferan de esa manera? ¿Dónde está el gran aporte de ellas a la comprensión del llamado “conflicto armado colombiano”?

Después de pasar horas en Google buscando los libros, artículos, editoriales, reseñas u otro tipo de escritos de las damas descontentas encontré solo links inservibles. Seguiré buscando en las bibliotecas los títulos de las obras que aparecen en sus noticias biográficas pues las preguntas son muchas. ¿Cuándo descubrieron estas damas que las Farc y los otros aparatos similares eran bandas criminales? ¿Cuándo dejaron de verlos como “rebeldes”, como simples variantes de liberalismo y de la izquierda, y que su terror era “político”, “legitimo” y hasta “necesario”?

Ellas hablan de “ciencia”. Sería bueno saber cuándo ellas descubrieron que el marxismo había fracasado como filosofía de la historia y como análisis de las evoluciones sociales. Y cuándo admitieron que el único mérito del marxismo, una religión laica, fue el de inspirar régimen inicuos producto de la centralización burocrática y totalitaria del poder.

Por lo pronto, lo más chocante es que ellas utilizan el argumento de un cese de financiación extranjera al Centro de Memoria Histórica si el presidente Duque insiste en nombrar a Torrijos. Amenazan con el retiro de los aportes que éste recibe de USIP (United States Insitute for Peace), de la USAID (United States International Development Agency) o del IDRC (Internationational Development Research Centre). Si el gobierno colombiano instala en ese cargo a un “historiador” que no piense como ellas, “no pasarán más de un par de años antes de que las financiaciones de USIP y USAID desaparezcan”, lanza una de ellas. ¿Tienen esas profesoras tanto poder?

Que bajeza.

Esa advertencia muestra hasta qué punto la historiografía universitaria colombiana es un mundo opaco y ha sufrido en gran parte la presión de factores externos. Durante mucho tiempo la llamada “academia” monopolizó la actividad historiográfica. Y lo hizo, desafortunadamente, bajo la orientación de intelectuales que se guiaban más por lo que decía el comité central que por lo que decía la realidad y la documentación existente. En esas condiciones, la “historia” fue ciega, militante y partisana. No fue historia sino un artilugio de combate. No estaba al servicio del conocimiento sino de un proyecto político.

¿Vamos a seguir en lo mismo?

¿Podrá Colombia liberarse por fin de esas presiones y avanzar en el conocimiento real de lo que ha pasado en las seis últimas décadas en materia de violencia? ¿La “academia” dejará por fin su rechazo obstinado de la realidad? ¿Seguirá negando el papel dirigente, unilateral y bestial, de cuatro dictaduras comunistas (URSS, China, RDA y Cuba), en la organización, lanzamiento y sostenimiento de las bandas que ensangrentaron durante la Guerra Fría y hasta hoy a Colombia? ¿Dejarán de disolver la realidad de esa agresión mediante la noción inepta de “conflicto”, verdadera cortina de humo que sirve para ocultar responsabilidades (si todos son culpables nadie es culpable) y que pretende poner un signo de igualdad entre los aparatos narco-comunistas y las fuerzas de defensa de un país democrático?

¿Podremos liberarnos de esa impostura y encarar la realidad?

Nada está ganado. Se cierne de nuevo el riesgo de un control arbitrario del CMH. Los intelectuales orgánicos pretenden que la orientación del Centro de Memoria Histórica debe responder a la “implementación” de los acuerdos de La Habana.

Es eso lo que está detrás de las gesticulaciones desesperadas de la izquierda contra los candidatos que emergen para reemplazar a Gonzalo Sánchez. El actual director del CMH está muy molesto por el fin del régimen de JM Santos. Sánchez dice, en efecto, que Colombia vive “un momento muy extraño” y que “los astros se desalinearon demasiado rápido”, y hace saber que un nombramiento como el de Torrijos hará que el CMH se convierta “en vocero de un sector del conflicto en Colombia, o de una sola línea de víctimas”. El hombre no puede ver las cosas sino así: o son los unos o son los otros.

¿El CMH debe seguir siendo un club de amigos que van a Bogotá para ser “promovidos como profesores en Estados Unidos, Canadá y Europa”, como cuentan las siete profesoras?

El Presidente Duque tiene la palabra.

Por Eduardo Mackenzie (@eduardomackenz1)

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Lo que falló ayer no fue el “dispositivo de seguridad” que montó el ministro del Interior, Christophe Castaner, para “proteger” los edificios gubernamentales de París y de otras capitales, ante el “tercer acto” de la protesta nacional de los chalecos amarillos (gilets jaunes).

Lo que sirvió de caldo de cultivo para los violentos desmanes de este sábado fue la sordera y terquedad del gobierno y la ausencia de diálogo real con un movimiento de cólera popular que recorre el país desde hace más de tres semanas y que pide, sin obtener respuesta alguna del Estado, devolver la capacidad de compra de los sectores más pobres de la base social francesa. 

Los disturbios del 1 de diciembre fueron aún más violentos que los del sábado anterior. Esta vez los motines llegaron a otras ciudades: Burdeos, Marsella, Toulouse, Nantes, Dijon, Puy-en-Velay y Narbona, donde también hubo destrucciones y hasta incendios. Según cifras oficiales, ayer hubo 166 000 manifestantes en todo el país. En particular, los disturbios de Paris fueron los peores. Aquí hubo 133 heridos (110 civiles y 23 policías), 412 detenciones, 187 incendios (entre éstos 6 inmuebles y decenas de automóviles). Los Campos Elíseos, y numerosas plazas y calles centrales de Paris, fueron sepultadas por espesas capas de humo y gases lacrimógenos en las horas más duras de la refriega.

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— Eduardo Mackenzie (@eduardomackenz1) December 2, 2018

El impotente Castaner trató de disculparse diciendo que había desplegado todas las fuerzas a su disposición: 4 500 policías en París y 65 000 en el resto del país. Pero sus órdenes fueron más o menos las mismas que habían disparado los disturbios del 24 de noviembre: despejar por la fuerza las calles de manifestantes mediante arremetidas de la policía armada de cascos y bolillos, usando cañones de agua, granadas lacrimógenas y pistolas flash-ball. Estas dos últimas armas son prohibidas en varios países europeos.

Tal esquema no calmó la cólera de los manifestantes. Todo lo contrario: la transformó en verdadera furia destructiva. Así, los gilets jaunes no hicieron nada para evitar que los profesionales del extremismo, los llamados “casseurs”, con máscaras antigás y cascos de ski en la cabeza, irrumpieran y sembraran la violencia por donde pasaban, atacando a los antimotines aislados y hasta pintando frases en el Arco del Triunfo.

Levantaron barricadas, destrozaron boutiques, restaurantes y bancos y prendieron fuegos donde pudieron. Los gilets jaunes que manifestaban sin violencia, pues entre ellos había hasta abuelos, no pudieron frenar nada. Según los sondeos, el 85% de la opinión pública respalda el movimiento de los chalecos amarillos, a pesar de la campaña de diabolización que cierta prensa hace contra ellos.     La petición de Priscillia Ludosky, una vocera de los chalecos amarillos, contra el aumento de impuestos de los carburantes, y contra la precariedad social, ha sido firmada por más de un millón de personas.

Los distritos más selectos y turísticos de París –como los de Etoile, Opera, la calle Rivoli, la avenida Foch, la avenida Kleber–, fueron especialmente afectados. Los voceros del partido macronista aprovecharon tal caos para acusar una vez más a los chalecos amarillos de ser “nazis”, “destructores”, “guerrilleros” y querer “derrocar a Macron”, quien se encontraba en Argentina al momento de los hechos. Ningún medio osó criticar la política inepta de Castaner.

Al día siguiente, la línea inflexible de varios elementos del gobierno era: “Vamos a escuchar [a los chalecos amarillos] pero no vamos a cambiar de rumbo”.

Esa línea torpe de ignorar a un pueblo que sufre comienza a generar un fuerte malestar dentro del propio partido LREM (macronista) hasta el punto que algunos diputados de esa formación están pidiendo cambiar la línea y hacer concesiones a los manifestantes. Los partidos de oposición no dicen otra cosa desde el comienzo de la movilización de los gilets jaunes y han hecho pronunciamientos contra la desaforada “fiscalidad verde” de Macron.

Fuego en una barricada cerca de Opéra, Paris, 1 dec 2018 pic.twitter.com/cdWVcbbVFj

— Eduardo Mackenzie (@eduardomackenz1) December 1, 2018

Los chalecos amarillos. A través de dos voceros informales, Jacline Mouraud y Benjamin Cauchy, dicen que no intentan hacer la revolución y que solo quieren poder “llenar de alimentos las neveras para tener una Navidad digna con sus hijos”.  Un vocero de ellos lanzó una frase que se ha hecho famosa: “El gobierno nos habla del fin del mundo (si no hay transición ecológica). Nosotros hablamos del fin de mes”. En particular, solicitan un diálogo que resulte en un “proyecto viable y creíble” que ponga fin a la crisis.

Las reivindicaciones más frecuentes de ellos son muy aterrizadas: la eliminación del nuevo impuesto a los combustibles, la cancelación del aumento del control técnico de los vehículos motorizados, el aumento del salario mínimo legal, fijar una pensión de jubilación mínima de 1 200 euros y la restauración del impuesto a las grandes fortunas (ISF). También piden la apertura de una discusión general sobre los impuestos. Pero nadie los convoca a dialogar.

Macron renunció a la reunión internacional en Polonia y regresó a París.

Algunos de sus ministros proponen que instaure el estado de urgencia (una especie de estado de sitio) para doblegar por la fuerza a los “amotinados”. Pero la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, estima que eso no arreglará nada. La central sindical CFDT dice lo mismo y pide negociaciones. Dos líderes opositores de signo diferente, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, piden la disolución de la Asamblea Nacional y elecciones legislativas. Laurent Wauquiez, de Los Republicanos, pide un referendo sobre las alzas de impuestos y la transición ecológica.

El Senado tampoco está conforme con la orientación autoritaria del gobierno. La comisión de leyes del Senado, dominado por la derecha, hizo saber que ha convocado a Castaner y a su colaborador más inmediato, Laurent Nunez, para que respondan por la catástrofe de ayer en París.

manif 1diciembre 2018 en Paris pic.twitter.com/RGzI1ft1dS

— Eduardo Mackenzie (@eduardomackenz1) December 1, 2018

¿Habrá un “cuarto acto” el sábado que viene? Es posible, pues Emmanuel Macron sigue temiendo que si cede su programa de reformas social-liberales, basada en aumentos de impuestos a todo dar, perderá piso y los partidos de oposición podrían pedir nuevas elecciones legislativas, lo que podría desembocar en un gobierno de cohabitación que arruine los planes presidenciales. Así, en lugar de hablar y mostrar una vía nueva, Macron trata de ganar tiempo: le pidió al primer ministro, Edouard Philippe, que se reúna con los jefes de los partidos políticos y con los jefes de los Gilets jaunes. Pero no fijó fecha para esa operación. Falta saber qué harán los chalecos amarillos para dotarse de una dirección representativa y elevar una plataforma única de reivindicaciones.

PROTESTAS CONTRA MACRON SE AGRAVAN

Por Eduardo Mackenzie
@eduardomackenz1

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